Los criptoactivos son una representación digital de valor o derechos que pueden almacenarse y transferirse electrónicamente. Estos activos son intangibles, pero tienen un valor otorgado dentro del mercado. El primer criptoactivo que empezó a operar fue el bitcoin, en el año 2009; desde entonces, estos se han expandido rápidamente, existiendo en la actualidad más de 10.000.
Esta tecnología está suponiendo la creación de nuevos activos financieros y nuevas maneras de intermediación. Sin embargo, la práctica ausencia de regulación de estas actividades y su carácter especulativo hace que invertir en ellas tenga un riesgo muy elevado. De hecho, su determinación de precios y la ejecución de las transacciones no siempre se realizan de forma transparente; se han notificado casos de manipulación del mercado en múltiples ocasiones.
Ante esta situación, la Unión Europea ha aprobado en el Parlamento Europeo el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA). Se trata del primer marco regulador para estos instrumentos en el mundo, y tiene como objetivo otorgar seguridad jurídica y protección a los inversores en relación con la provisión de criptoactivos.
Este Reglamento obligará a los emisores de estos instrumentos a proporcionar información completa y transparente sobre los criptoactivos que emiten, mientras que los proveedores deberán ser autorizados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como tendrán la obligación implementar medidas de seguridad y cumplimiento de normas de prevención de blanqueo de capitales. Además de esto, se introducirán normas específicas para reducir el riesgo de liquidez y para evitar que se conviertan en un medio de pago aceptado ampliamente.
Quedan fuera de este Reglamento los criptoactivos cubiertos por la legislación actual (aquellos considerados como instrumentos financieros, depósitos, etc.), los criptoactivos únicos y no fungibles (NFTs) y la emisión de los criptoactivos generados de manera descentralizada (como Bitcoin); sin embargo, su negociación en plataformas sí que estará regulada por MiCA.
El Reglamento será de aplicación obligatoria a partir de julio de 2026 en todos los Estados miembros; sin embargo, España adelantará seis meses su aplicación, poniéndolo en marcha en diciembre de 2025. Esto permitirá que la CNMV inicie la supervisión de manera anticipada, lo que proporcionará seguridad jurídica y una mayor protección a los españoles que decidan invertir en este tipo de activos.
